Mantenerme al margen de asuntos relacionados con la política es la política de mi blog. Tangencialmente puede que hable de otras que no sean cine, pero nunca de funcionarios del Estado que, en lugar de servir a los que le proporcionan el poder, se escudan en ideologías volátiles para perpetuarse en él. Hoy voy a hacer una excepción porque, en una suerte inversa de Sodoma y Gomorra, si volvemos la espalda a este asunto nos convertirán en estatuas de sal.

Los hechos: 1.- La nueva Ley de Economía Sostenible introduce la siguiente modificación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI): en el artículo 8.1, que incluye los casos en que se puede interrumpir un servicio en internet, se añade un quinto punto relativo al ataque a la propiedad intelectual; es decir, el proyecto de ley contempla cerrar toda página web que delinca contra el orden público, la dignidad de la persona, la salud de las personas físicas o jurídicas o un menor. Alteración del orden público, discriminación racial, pornografía infantil o ‘violación’ del ‘derecho’ de ‘autor’: motivos por los que eliminar una página web. 2.- Se creará una institución con la finalidad de actuar como órgano competente para “el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002 (LSSI), para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”. Dicha institución se llamará Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura (para los amigos, es mucho más apropiado llamarla S.S.). La traducción de este punto se antoja innecesaria, pero por si acaso aclaro que van a poder quitarse de enmedio al que quieran sin jueces ni leches; total, no es la primera vez que se mean en el Poder Judicial.

Mi primera reacción a semejante declaración fascista de intenciones es asco, un profundo y mareante asco. Pervertir hasta la más denigrante de las prostituciones palabras como “cultura”, “derecho” o “intelectual”, es de una demagogia tan perversa y retorcida que dan ganas de vomitar. Si no fuera una cosa muy seria, el incluir estas reformas en una ley llamada de “economía sostenible” sería un buen chiste de un capítulo de los Simpsons, un movimiento que encaja bien con el corrupto alcalde Quimby o el señor Burns; como si González-Sinde hubiese salido del camarote del los hermanos Marx convirtiendo disparates en leyes. Desgraciadamente, la realidad no es esa, porque ni a Groucho se le hubiera ocurrido semejante atropello y a Sinde no le hubieran dejado entrar ni por el ojo de buey.

La segunda reacción es preocupación. Poner un canon a todo tipo almacenamiento digital fue un aviso serio del recorte de libertades que parecía avecinarse. Aquello, que fue como escupirnos a la cara “eres un ladrón, me da igual lo que digas”, debería haber supuesto un revuelo tan grande que se les quitaran las ganas de seguir insultándonos, pidiendo que compremos sus discos mientras nos roban de frente. Poco a poco se ha ido olvidando, y como el vampiro que muerde al caballo y no recibe una coz, han vuelto un rato después a por más sangre.

Por tener un enlace de descarga de contenido ‘ilegal’ me podrían cerrar un blog que recibe cero euros por compartir afición fervorosa por el cine (he tenido una oferta reciente de publicidad y la he rechazado). Lo que haré desde el instante en que esa ley sea aprobada (Dios, Alá, Yavéh o Buda no lo quieran), será poner un enlace diario a una descarga directa de una película. Es una promesa en firme. Que me llamen demagago: si me lo acaban cerrando -que no creo, porque el primero que enlaza es Google- invertiré en tiempo de escritura en robar carteras, ya que ni a los reincidentes los meten en la cárcel (parece que gozan de la misma inmunidad que algunos).

Si ‘El padrino‘ se hubiese hecho en esta dédaca, a Vito Corleone los Tattaglia, en vez de un negocio de drogas, le hubiesen ofrecido adherirse a la SGAE. Y por supuesto, también lo habría rechazado.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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